Opinión por:
Rubén Darío Narciso
("El Periodico" Guatemala, 2 de Junio de 2010)El 19 de mayo de 2010 se realizó el foro Retos de la educación en Guatemala, organizado por la Gran Campaña Nacional por la Educación. Participaron Virgilio Álvarez, director de Flacso; Violeta García, decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala, quien se refirió a la necesidad de una reforma educativa orientada a la economía del conocimiento; y Hossy Orozco, vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar, quien trató el tema de continuidad en políticas educativas con un mayor presupuesto.
Álvarez calificó como positiva la actual política de gratuidad en Guatemala, debido a que la educación es un derecho humano fundamental que no se debe negar a ninguna persona, mucho menos por carecer de recursos económicos para pagarla. También se refirió a la “mercantilización” de la educación privada, que desde su enfoque carece de calidad, salvo muy pocas excepciones y que por ello el sistema educativo nacional debería aspirar a ser público y gratuito.
Para fundamentar su idea, expuso el caso de los países como Finlandia y Suecia, cuyos sistemas educativos son públicos y a la vez ocupan los primeros lugares en las pruebas estandarizadas que miden la calidad educativa, tales como las pruebas de PISA. Además, enfatizó en los resultados de los exámenes realizados a los graduandos por parte del Ministerio de Educación, los cuales corroboran que el desempeño de los establecimientos públicos no difiere significativamente de los privados en Guatemala; asimismo, expresó su descontento por la no publicación de estos resultados en la actualidad, porque en el pasado de alguna manera autorregulaban la demanda de establecimientos educativos privados.
Lamentó que gran parte de la clase política del país haya creído en el discurso que todo lo público es malo, lo cual unido a la poca importancia dada a la educación a lo largo de la historia, ha desembocado en que actualmente el sistema educativo público esté compuesto por “escuelas pobres para niños pobres”, situación que señalaría a la educación oficial como elemento agravante del círculo vicioso de la pobreza en lugar de contribuir a eliminarlo.
Lo expuesto deja algunas preguntas interesantes: ¿debe eliminarse la educación privada?, o bien, ¿debería realizarse una supervisión más drástica a los colegios?, ¿es necesaria la creación de una entidad que evalúe independientemente a todos los estudiantes –tanto de establecimientos públicos como privados– a fin de que puedan aprobar el año o terminar un ciclo académico?, ¿cuánto cuesta y qué tiempo se requiere para que el Estado brinde educación de calidad en todos los grados y en todo el país?
¿Cuáles son las razones por las que los padres de familia buscan establecimientos privados para la educación de sus hijos?, ¿o es mejor que solamente existan establecimientos privados y que el Estado subsidie a las familias para que puedan pagarlos? Cualquiera que sea la posición personal respecto a las anteriores preguntas es un hecho ineludible que para mejorar la calidad de la educación del país, es necesario que el Estado dé importancia al tema, expresada en mayores recursos para el Ministerio de Educación y en el reforzamiento de los sistemas de control en los establecimientos privados. Continuará.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20100602/opinion/155119/
